Por María de Jesús García Velázquez
Gracias al legado de la mitología clásica, conocemos la historia del rey Midas, a quien le fue concedido el don de convertir en oro todo cuanto tocara. Lo que al principio parecía un privilegio extraordinario acabaría convirtiéndose en una terrible maldición, hasta el punto de llevarlo a suplicar que se lo retiraran.
Pero hay otros personajes que no pertenecen a la mitología ni a las leyendas de la Antigüedad, sino que ocupan los cargos de mayor responsabilidad en las instituciones del Estado y que, lejos de tener la capacidad de convertir en oro cuanto tocan, poseen una maldición aún peor: convertir en tragedia y muerte todo aquello que gestionan.
En España, la realidad política es tenebrosa. Desde hace varios años, los ciudadanos llevamos padeciendo a un Gobierno cuyas decisiones y omisiones han tenido consecuencias devastadoras. Un Gobierno que parece condenado a destruir todo cuanto toca.
Por desgracia, existe una larga lista de tragedias que quizá se habrían evitado si la intervención de las administraciones responsables hubiera sido más eficiente y eficaz. La más reciente es el terrible accidente ferroviario ocurrido el 28 de octubre de 2026 en Urda (Toledo), cuando un tren AVE de Renfe colisionó con un convoy de Iryo que se encontraba detenido en la vía.
Un accidente que ha conmocionado a España y al mundo y que deja un balance de 69 víctimas mortales y decenas de heridos.
Como era de esperar, la catástrofe desató un clamor ciudadano que demandaba responsabilidades políticas y exigía la dimisión de Óscar Puente. Finalmente, ante la presión pública, Puente ha renunciado a su cargo de ministro de Transportes y Movilidad Sostenible. Poco ha tardado el presidente Pedro Sánchez en rentabilizar esta dimisión dedicándole una sucesión de elogios a su ya exministro. En su comparecencia institucional, ha afirmado que Puente «ha trabajado sin descanso para mejorar la vida de nuestro país y particularmente la movilidad de nuestros ciudadanos y ha tenido que enfrentarse a grandes desafíos que ha sabido abordar con dedicación, con transparencia y con integridad».
Esta declaración deja al descubierto, una vez más, la distancia entre el discurso del presidente y la realidad que perciben los ciudadanos. Sánchez pretende hacernos creer que Puente tenía todo bajo control, cuando los hechos nos gritan a la cara todo lo contrario.
Como siempre, Sánchez intenta engañarnos; no obstante, somos absolutamente conscientes de que Puente ha dejado diversas cuestiones de fondo e incógnitas en el aire que tanto el presidente como el Ministerio de Transportes no pueden eludir y que ponen de manifiesto su flagrante incompetencia: ¿qué se ha hecho para garantizar la seguridad de la red ferroviaria española? ¿Por qué se habían registrado al menos nueve incidencias en los sistemas de señalización de los tramos próximos a Urda desde 2024 y qué medidas se adoptaron para corregirlas? ¿Se destinaron y ejecutaron los recursos necesarios para el mantenimiento, la renovación y la modernización de las infraestructuras? ¿Se atendieron las advertencias de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios sobre los riesgos de depender de la intervención humana cuando fallan los sistemas automáticos de protección? Y, a la luz también de la tragedia de Adamuz, ¿qué controles y medidas de prevención se han impulsado para evitar que anomalías conocidas o detectables pudieran desembocar en nuevas catástrofes?
Puente se marcha, sí, pero queda tras de sí una larga lista de asuntos pendientes y otros tantos que ha gestionado de manera deficiente. Su ineptitud y la de Sánchez, que lo aúpa, nos han llevado a contar con un sistema ferroviario descuidado, olvidado y peligroso. No es admisible que, a causa de la pésima gestión de Puente, viajar hoy en tren en un país como España pueda equivaler a jugarse la vida.
He llegado a escuchar entre la población expresiones que se han vuelto populares, como «el Gobierno nos mata». No es demagogia: este sentir se ha convertido ya en un miedo justificado, en una amenaza real y latente ante la negligencia criminal que ha caracterizado a Sánchez y a su equipo.
Y los episodios que alimentan esa indignación son numerosos. Por ejemplo, la DANA de octubre de 2024 dejó 241 víctimas mortales y puso en cuestión la planificación de las infraestructuras hidráulicas, los sistemas de información y alerta y la coordinación entre administraciones. Los incendios forestales de 2025 se cobraron ocho vidas y dejaron 86 heridos, y volvieron a poner sobre la mesa la insuficiente prevención y gestión de los montes. La pandemia de COVID-19 dejó más de 121.000 fallecidos en España y estuvo marcada tanto por decisiones cuya conveniencia sigue siendo objeto de controversia como por una trama de corrupción en la contratación de mascarillas que desembocó en la condena del exministro José Luis Ábalos y de su antiguo asesor. Y el accidente ferroviario de Adamuz este mismo año, con 46 víctimas mortales y más de 150 heridos, puso también bajo escrutinio el mantenimiento de las infraestructuras, los sistemas de detección de averías y los mecanismos de seguridad de una red cuya supervisión corresponde al Ministerio de Transportes y a los organismos dependientes de él.
España, una vez más, está de luto. Pero también está indignada. O, más bien, harta de que quien ocupa la máxima responsabilidad al frente del Gobierno, Pedro Sánchez, siga sin asumir las consecuencias políticas de todas las tragedias que han acompañado su mandato. Su renuncia al poder y su paso por los tribunales sí que serían verdaderos ejercicios de responsabilidad, dignidad política y justicia.
Todo lleva a pensar que al poder ejecutivo de este país no le importan nuestras vidas. Ante cada desgracia, su respuesta ha sido, una y otra vez, echar balones fuera y eludir responsabilidades. Su nivel de degradación política parece haber llegado a tal extremo que, a estas alturas, están más preocupados por sus cálculos electorales y por afrontar con el menor desgaste posible unas elecciones que se aproximan y que, a juzgar por los indicios, intuyen que pueden perder.
Su habitual estrategia para disimular su incompetencia parece reducirse a dividirnos en rojos y azules, alimentando una confrontación permanente y presentándose como los únicos capaces de salvarnos de las fauces del lobo. Nos quieren hacer creer que, fuera de ellos, solo queda el abismo, cuando ellos son el abismo. Y lo más preocupante es que hay ciudadanos que han comprado ese discurso y lo consumen con extrema voracidad: siguen defendiendo a Sánchez como si les hubiera administrado un narcótico, un elixir diabólico capaz de nublarles el juicio.
En definitiva, los ciudadanos no deberíamos permitir que nos reduzcan a posiciones irreconciliables. Porque, por encima de las etiquetas de izquierda y derecha, hay personas, seres humanos con objetivos comunes: sacar adelante a sus familias, vivir en paz y sin miedo y contar con un Gobierno en el que puedan confiar, un Gobierno que no convierta en tragedia todo lo que toca
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